El Consejo General del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca llevó a cabo su octava sesión ordinaria del año 2025. Durante este encuentro, se abordaron temas cruciales relacionados con el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de diversas instituciones públicas estatales y municipales. Se evaluaron denuncias ciudadanas sobre deficiencias en la divulgación de información requerida, resultando en decisiones específicas para fomentar la rendición de cuentas y mejorar los estándares de acceso a la información pública.
En mayo de 2025, el órgano regulador de transparencia en Oaxaca dictaminó diversos casos vinculados con el cumplimiento parcial o total de las responsabilidades informativas de distintos entes públicos. Entre estos destacan dos entidades que no cumplieron completamente con sus compromisos: el Ayuntamiento de Santa María Huatulco y el Monte de Piedad del Estado de Oaxaca. Ambos fueron calificados como de "cumplimiento parcial". En contraparte, otras dos instituciones, el mismo Monte de Piedad y el Colegio de Bachilleres de Oaxaca, enfrentaron acusaciones más severas debido al incumplimiento total de sus deberes. Estas últimas recibirán un plazo de cinco días hábiles para corregir dichas omisiones e informar al organismo competente.
Además de estas determinaciones, durante la reunión también se establecieron medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Jerónimo Coatlán fue sancionado mediante una amonestación pública, mientras que el Ayuntamiento de San Agustín Etla deberá pagar una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMAs), aproximadamente 5 mil 187 pesos. Este monto será asumido exclusivamente por la persona responsable dentro de la administración municipal, sin recurrir a fondos públicos.
Otro aspecto importante tratado durante la sesión fueron los recursos de revisión interpuestos por ciudadanos disconformes con las respuestas recibidas tras solicitudes de información pública. De un total de veinte recursos analizados, siete casos implicaron cambios sustanciales en las respuestas proporcionadas inicialmente por las autoridades. Cuatro casos mantuvieron las respuestas originales, otros cuatro fueron sobreseídos debido a la falta de elementos suficientes para resolverlos, y cinco fueron desechados debido a irregularidades en las presentaciones.
Con estas acciones, el órgano garante reafirma su compromiso con la transparencia gubernamental y el fortalecimiento de mecanismos que permiten a la ciudadanía ejercer su derecho fundamental de acceso a la información pública. Las medidas adoptadas buscan no solo corregir deficiencias actuales, sino también prevenir futuros incumplimientos y promover una cultura de responsabilidad en el manejo de datos gubernamentales.