En el sur de California, las autoridades federales han intensificado una investigación relacionada con la filtración de información privada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Este caso ha generado preocupación debido a la posible exposición de datos personales de estos funcionarios. Recientemente, se llevó a cabo un registro en Irvine como parte de esta pesquisa. El operativo tuvo lugar en ausencia del sospechoso, cuya identidad aún no ha sido revelada. Este individuo ya había sido detenido previamente durante una protesta universitaria contra Israel. La investigación apunta a carteles colocados en comunidades locales que incluyen nombres, fotografías y contactos de los agentes, acompañados de acusaciones sobre su impacto en familias migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio Secreto ejecutaron un allanamiento en busca de pruebas vinculadas a la divulgación ilegal de información confidencial. Según fuentes oficiales, el sospechoso vive con sus padres y anteriormente participó en manifestaciones públicas. En este operativo específico, no se realizaron arrestos. Sin embargo, el caso continúa abierto mientras se profundiza en las posibles conexiones entre grupos activistas y estas acciones.
Los carteles en cuestión fueron colocados en vecindarios del sur de California, destacando detalles personales de los agentes involucrados. Escritos en español, incluían mensajes críticos hacia las políticas de ICE y HSI, denunciando prácticas discriminatorias y separaciones familiares. Estas publicaciones han exacerbado tensiones existentes entre agencias gubernamentales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El director interino del ICE, Todd Lyons, abogó por la protección de la privacidad de los agentes y sus familias. En declaraciones públicas, Lyons enfatizó que los empleados de ICE cumplen funciones esenciales para garantizar la seguridad comunitaria. Criticó cualquier intento de poner en riesgo a los miembros de su equipo simplemente por desempeñar su labor profesional.
Desde otra perspectiva, un representante del Departamento de Seguridad Nacional responsabilizó a ciertos grupos activistas por actos considerados como obstrucción a la justicia. Según él, estas personas priorizan intereses de pandillas criminales sobre la seguridad pública. Además, advirtió que aquellos implicados enfrentarán repercusiones legales severas.
Este caso refleja las crecientes tensiones entre entidades gubernamentales y movimientos sociales que critican las estrategias de inmigración implementadas. Mientras las autoridades insisten en la importancia de sus programas para mantener la seguridad ciudadana, los opositores argumentan que dichas medidas afectan negativamente a comunidades vulnerables, especialmente aquellas compuestas por inmigrantes indocumentados.