En México, un enfoque renovado sobre la asistencia social podría transformar la forma en que se aborda la salud menstrual. La legisladora Marisela Zúñiga del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha propuesto incluir en las leyes existentes la obligación de proporcionar información clara y profesional sobre la salud sexual, reproductiva y menstrual. Este cambio legislativo busca eliminar los estigmas y barreras que afectan a niñas, adolescentes y mujeres, garantizando acceso a recursos y conocimientos adecuados. A través de políticas públicas más inclusivas, el objetivo es reducir la desigualdad estructural y mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables.
La iniciativa presentada por la congresista pone énfasis en la necesidad de superar los prejuicios históricos relacionados con la menstruación. En épocas pasadas, civilizaciones como la antigua Roma consideraban a las mujeres menstruantes como "impuras" o portadoras de enfermedades mentales. Estos mitos han perdurado hasta nuestros días, perpetuando una cultura de silencio y marginación. Para contrarrestar esta situación, Zúñiga plantea reformas específicas que exijan a las autoridades ofrecer orientación efectiva y profesional en temas de salud menstrual.
Desde una perspectiva global, la falta de recursos económicos y de infraestructura también agrava el problema. Según datos de organismos internacionales como ONU Mujeres, millones de personas no cuentan con productos adecuados o acceso a agua potable para gestionar su ciclo menstrual. En Etiopía, por ejemplo, una quinta parte de las adolescentes rurales enfrenta estas carencias, mientras que en áreas urbanas, una de cada 20 mujeres también sufre similares limitaciones. Esta realidad evidencia cómo la pobreza y los tabúes culturales pueden converger para dificultar el bienestar de las mujeres.
Para combatir este panorama, la legisladora sugiere un enfoque integral que aborde tanto la provisión de insumos como la educación sobre la gestión menstrual. Esto permitiría que las personas afectadas reciban apoyo adecuado desde una etapa temprana, evitando problemas de salud futuros y promoviendo prácticas seguras. Las políticas de asistencia social podrían ser un vehículo clave para llegar a comunidades vulnerables, asegurando que todas las personas puedan vivir su menstruación de manera digna e informada.
El llamado de Marisela Zúñiga resalta la urgencia de avanzar hacia un futuro sin barreras para la salud menstrual. Al integrar estos principios en las leyes nacionales, se abriría paso a una sociedad más justa y equitativa. Con acceso universal a recursos y educación, sería posible erradicar los mitos y prejuicios que aún rodean este proceso biológico natural, mejorando significativamente la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo.